Por Abraham Montero
La Procuraduría General de la República ha añadido a la lista de exfuncionarios, funcionarios, empresarios y legisladores, al senador por la provincia de Santiago y al diputado por el Distrito Nacional, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco, así como al miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Radhamés Segura.
Conozco desde hace muchos años el accionar transparente en los puestos que han desempeñado estas tres personas que hoy se mencionan en el expediente enviado a la justicia. Pero también la humildad en el trajinar de su vida junto a sus familiares y amigos.
Muestra de ello es, que a pesar de que tanto Valentín como Pacheco pasaron por la presidencia de la Cámara de Diputados y Segura, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) nunca han exhibido fortunas, por lo que de ninguna manera se les puede acusar de lavado de activos ni de enriquecimiento ilícito. Además el senador Valentín fue fiscal de Santiago.
El diputado Pacheco siempre ha vivido en una modesta vivienda en el sector Las Flores, de Cristo Rey, en esta capital, o sea que no vive en torre ni tiene finca. Pero también esa situación se da con Radhamés Segura que es uno de los hombres más probo y honesto que tiene el PLD.
Creo que él único pecado cometido por estas personas que sus nombres son cuestionados y puestos a disposición de la justicia, fue el hecho de haber presidido la Cámara de Diputados y dirigir la CDEEE cuando se conocieron y aprobaron algunos contratos suscritos con la empresa constructora brasileña Odebrecht.
El senador Valentín, el diputado Pacheco y Segura son dirigentes políticos del PLD y del PRM que han ganado un sitial en la sociedad donde se desenvuelven. No menciono los demás que aparecen en el listado enviado a la justicia porque no conozco de cerca sus accionar en su vida.
Los culpables de sobornos por parte de la empresa Odebrecht tienen que ser llevados a la justicia atendiendo al debido proceso, pero creemos que no se puede dar palo a ciega para que no se derrumbe en los tribunales y los nombres de estas personas queden embarrados.
Creemos que con el caso de Odebrecht el Ministerio Público no debe dar palo a ciega ni iniciar una cacería de brujas para responder a la presión de distintos sectores de la sociedad que reclaman que se ponga fin a la impunidad y a la corrupción. Hay que actuar con tacto, transparencia y ecuanimidad y solo llevar a la justicia los desfalcadores del Estado.
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